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Tomado de:
Sabrina Gelman B.
03-06-2011
En los últimos días cinco campesinos y líderes ecologistas han sido asesinados en el Amazonas brasileño presuntamente por empresarios y grupos dedicados a la deforestación ilegal de uno de los ecosistemas más ricos del plantea. El Gobierno de Dilma Rousseff se comprometió a adoptar “medidas especiales” para proteger a decenas de campesinos que se encuentran en el blanco de estas mafias, que podrían verse amparadas por una polémica reforma del Código de Forestación, aprobada esta semana por el congreso
El trágico asesinato de una pareja de activistas ecologistas el pasado 24 de mayo en el estado amazónico de Pará (Brasil), seguido días después, por los ajusticiamientos de un joven campesino y dos líderes agrícolas, dejan abiertas las interrogantes sobre el futuro del Amazonas.
Los lamentables acontecimientos poco han sorprendido a las comunidades de campesinos y agricultores que habitan en esta vasta selva tropical, que han de hacer frente a las amenazas de supuestos empresarios y grupos dedicados a la tala ilícita de los valiosos árboles de la región, a la par de otras actividades como la minería ilegal.
Lo ocurrido a José Claudio Ribeiro da Silva y a su mujer, María do Espíritu Santo da Silva, es el destino que le espera a quienes se antepongan a la voluntad de los “barones” del Amazonía.
La pareja que lideraba un grupo de familias que dependen de la recolección de caña en la región de Pará, ya habían advertido que eran objeto del acoso de supuestos industriales que explotaban ilegalmente maderas que poseen alto valor comercial en el mercado en un área de 22.000 hectáreas en las que viven alrededor de 500 familias. No obstante, el gesto sentenció la vida de este matrimonio que fue asesinado a balazos por desconocidos.
Irónicamente José Claudio Ribeiro da Silva había predicho su muerte el pasado mes de noviembre cuando aseguró que su activismo podría costarle, en palabras textuales: “una bala en la frente”.
"Hoy estoy hablando ante ustedes, pero en un mes podrían recibir noticias de mi desaparición", advirtió en un foro internacional celebrado en la ciudad de Manaus, en donde agregó,"defenderé el bosque cueste lo que cueste. Y por eso puedo recibir una bala en la frente en cualquier momento, por mis denuncias contra los madereros. La gente me pregunta si tengo miedo. Sí, soy un ser humano, pero mi miedo no me silencia. Mientras tenga fuerzas para caminar denunciaré a los que destruyen el bosque". Seis meses después la profecía se cumplía dándole la vuelta al mundo.
La historia se repitió pocos días después en el Estado de Roraima. El líder agrícola Adelino Ramos, mejor conocido como “Dinho”, fue asesinato por unos pistoleros, convirtiéndose en la tercera víctima en una semana por conflictos de tierra en Brasil.
El activista había denunciado recientemente a un grupo de explotadores ilegales de madera que rondaba los estados de Acre, Amazonas y Rondonia, a la vez que abogaba por la instalación de un campamento para campesinos desplazados por la industria maderera.
Sin embargo esta no era la primera vez que “Dinho” se veía cara a cara con la muerte. El agricultor fue uno de los sobrevivientes de la sonada masacre de Corumbiará en 1995, en la que 12 campesinos, entre los que se encontraban varios niños, fueron ejecutados por presuntos paramilitares.
A estas muertes se le sumaron esta semana las del campesino Eremilto Pereira dos Santos, de 25 años, quien fue hallado abandonado en una reserva ambiental en Pará, a unos siete kilómetros del local del primer crimen; y las del agricultor Marcos Gomes da Silva, de 33 años, que era uno de los líderes de un asentamiento rural en Eldorado dos Carajás, municipio en el que en 1996 fueron muertos 19 personas por una acción policial.
Esta ola de violencia contra los habitantes del Amazonas, ha obligado al Gobierno central y regional a tomar medidas “más duras” para enfrentar la ola de violencia que se vive en el “Pulmón de la Tierra”, en donde el Ejército, La Marina y las Fuerzas Aéreas, comenzarán a trabajar en conjunto con las policías Federal y de Carreteras para intensificar la seguridad de los campesinos situados en las zonas de riesgo.
Polémica a la carta
La semana pasada la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una reforma de su Código Forestal, vigente desde 1973, la cual ha desatado la polémica en el país sudamericano, ya que las enmiendas a aplicar, implican la disminución de las áreas protegidas de los bosques y aumentar la extensión de las tierras cultivables.
Por lo que la ley impulsada por industriales del sector agrícola, supone la reducción de las áreas del Amazonas de un 80 a un 50 por ciento, a la vez que propone que las zonas protegidas a la vera de los ríos pasen de 30 metros a 15 metros. Todo ello, acompañado por una amnistía de la que se beneficiarían quienes hayan incurrido en delitos contra la vegetación hasta el 2008.
Pese a que en el mes de mayo el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe) anunció en un informe que la tasa de deforestación en el Amazonas brasileño se había quintuplicado con respecto al 2010, la medida recibió el visto bueno con 410 votos a favor y 63 en contra.
Para los detractores de esta reforma entre los que no podían faltar la organización ecologista Greenpeace, la enmienda significa un retroceso en las políticas medioambientales del país, debido a que pone en riesgo 86 millones de hectáreas de selva amazónica. Una posición compartida por los diez ministros de Medio Ambiente que ha tenido Brasil desde 1973, quienes no se inmutaron en enviar una carta a la presidenta Dilma Rousseff instando a impedir lo que califican un “desastre ambiental anunciado”.
¿Verde que te quiero verde?
Los 6.000 millones de dólares anuales y los 170.000 puestos de trabajo que podría general el negocio de la tala sostenible en el Amazonas, es uno de los puntos de partida del debate que se ha abierto sobre el futuro de la selva tropical más grande del mundo.
Según un estudio elaborado el mes de abril por el Servicio Forestal Brasileño (SFB), la explotación sostenible de la selva puede ser una estratégica fuente de ingreso y de empleo para la región que engordaría aún más la robusta economía del país.
La abultada cifra estimada por el SFB es más del doble de los 2.400 millones de dólares que el país obtuvo por la tala en áreas selváticas durante el 2009, cuando Brasil produjo 15,3 millones de metros cúbicos de madera en la Amazonía. Ese mismo año, la nación suramericana recibió cerca de 8.580 millones de dólares por concepto de actividades forestales, de las cuales el 66,4% provino de la silvicultura (principalmente la explotación de bosques cultivados para la producción de papel) y un 28,6% de la tala de madera en las zonas selváticas.
Para el director de esta institución Carlos Hummel, la puesta en marcha de una industria maderera sostenible que opere, mediante concesiones otorgadas por el Gobierno, permitirá combatir la devastación incontrolada a la que está siendo sometida el Amazonas.
“Son cerca de 30 millones de selvas que pueden ser explotadas de forma sostenible y legal mediante el manejo forestal de la madera”, estimó y aclaró que los madereros pueden explotar las áreas por 40 años mediante planes aprobados por el Ejecutivo que sólo permiten la tala anual de una treintava parte de la concesión para poder garantizar la recuperación de la selva.
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