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El proyecto fue aprobado con un aplastante resultado de 410 votos a favor y 63 en contra, tras una discusión que unió a sectores del oficialismo y la oposición agrupados en la "bancada ruralista", un grupo suprapartidista que representa los intereses de los grandes empresarios del campo.
El rechazo al proyecto, generalizado entre los ecologistas, llevó incluso a una inédita unión de los diez ministros de Medio Ambiente que ha tenido el país desde 1973, quienes en una carta enviada a la jefa de Estado, Dilma Rousseff, pidieron impedir lo que calificaron de "desastre anunciado".
El llamado Código Forestal, impulsado por la poderosa industria agropecuaria, plantea entre otros puntos polémicos que las áreas de selva protegidas en propiedades privadas en la Amazonía, que son hoy equivalentes al 80 %, se reduzcan a un 50 % del territorio.
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Por Agencia EFE – hace 11 horas
Brasilia, 24 may (EFE).- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó hoy y remitió para su discusión en el Senado un polémico proyecto de ley que propone extender las tierras cultivables del país y es rechazado por ecologistas, que vaticinan un "desastre ambiental".
El proyecto fue aprobado con un aplastante resultado de 410 votos a favor y 63 en contra, tras una discusión que unió a sectores del oficialismo y la oposición agrupados en la "bancada ruralista", un grupo suprapartidista que representa los intereses de los grandes empresarios del campo.
El rechazo al proyecto, generalizado entre los ecologistas, llevó incluso a una inédita unión de los diez ministros de Medio Ambiente que ha tenido el país desde 1973, quienes en una carta enviada a la jefa de Estado, Dilma Rousseff, pidieron impedir lo que calificaron de "desastre anunciado".
El llamado Código Forestal, impulsado por la poderosa industria agropecuaria, plantea entre otros puntos polémicos que las áreas de selva protegidas en propiedades privadas en la Amazonía, que son hoy equivalentes al 80 %, se reduzcan a un 50 % del territorio.
Asimismo, propone que las zonas protegidas a la vera de los ríos, que actualmente suponen una franja de 30 metros a cada lado, pasen a ser de solamente 15 metros.
El punto que más discusiones ha generado, sin embargo, propone una amplia amnistía para todos los hacendados que, en las últimas décadas, violaron las leyes actuales, desforestaron donde estaba prohibido y mantienen en esas zonas su actividad agropecuaria.
Esa propuesta de perdón generalizado ha sido criticado hasta por Rousseff, quien adelantó que podría vetar tanto ese como otros puntos del proyecto en caso de que sean aprobados en las cámaras.
El proyecto de ley fue redactado por el diputado Aldo Rebelo, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), quien sostuvo que es necesario "legalizar las cosas como están", para comenzar de cero y aplicar una estricta vigilancia para evitar un nuevo descontrol.
Además, asegura que esta nueva ley beneficiaría también a los pequeños agricultores y fortalecería el papel de Brasil como gran productor y exportador de alimentos, una actividad por la que el país ingresó el año pasado cerca de 90.000 millones de dólares.
El mayor rechazo al proyecto en la Cámara baja fue expresado por el Partido Verde (PV) y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que agrupa a la oposición de izquierdas al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
El diputado Alfredo Sirkis, uno de los principales líderes del PV, afirmó hoy que aprobar ese "proyecto criminal" pondrá al país ante una "catástrofe medioambiental", pues llevará a un aumento de la deforestación, sobre todo en la Amazonía.
También recordó que, en Brasil, la deforestación es la principal causa de las emisiones de gases tóxicos y mantiene al país en la lista de los mayores contaminadores del planeta.
Citó incluso un informe oficial del año pasado, según el cual el 65 % de las emisiones de dióxido de carbono de Brasil es originado por la tala de tierras que luego son utilizadas en la agricultura.
Por el PSOL alzó la voz el diputado Francisco Alencar, quien denunció que tanto en el oficialismo como en la oposición existen diputados que "se vendieron" a los grandes hacendados, que con esas nuevas normas "empujarán los límites de la frontera agropecuaria hacia la Amazonía".
El proyecto será remitido ahora al Senado, donde el PV, el PSOL y otros grupos que lo rechazan podrán intentar modificar su redacción y contenido.
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