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Por Agencia EFE – hace 12 horas
Río de Janeiro, 7 abr (EFE).- El ministro brasileño de Defensa, Nelson Jobim, afirmó hoy que Brasil devolverá, tal y como lo recibió, es decir "sin procesar", el dictamen en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA le pide al país suspender las obras de una polémica hidroeléctrica en la Amazonia.
"Tal y como esa solicitud apareció, ella será devuelta", afirmó el ministro de Defensa de Brasil en declaraciones a periodistas y en las que dio a entender que el país ignorará la solicitud "intempestiva" de la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Jobim, tras participar en una conferencia promovida por el instituto inglés Chatham House en Río de Janeiro, le pidió a la OEA "cuidar de otros asuntos y no de éste".
Las declaraciones de Jobim se suman a la dura declaración que la cancillería brasileña ya divulgó el martes tras conocerse en Brasil, por intermedio de organizaciones no gubernamentales, el dictamen de la CIDH.
En el comunicado la cancillería tachó la decisión de "precipitada e injustificable" y sugirió que la OEA carece de competencia para opinar en este asunto.
"El Gobierno brasileño (...) recuerda que el carácter de tales sistemas (en referencia a la OEA y el CIDH) es subsidiario o complementario, razón por la cual su actuación solamente se legitima en la hipótesis de fallo de los recursos de la jurisdicción interna", asegura la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su dictamen, la CIDH pidió que Brasil detenga de forma "inmediata" las obras de la central hidroeléctrica de Belo Monte, que comenzaron el mes pasado en el municipio selvático de Altamira, en el estado de Pará, con la oposición de ecologistas, indígenas y campesinos.
El organismo pretende que las autoridades brasileñas extremen las precauciones para preservar a los pueblos indígenas y que, además, vuelvan a consultar a los afectados, según una carta del secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, divulgada en Brasil por organizaciones indigenistas.
Jobim atribuyó el dictamen a una movilización ante la OEA de "grupos contrarios" a que se pueda "generar energía eléctrica" en la Amazonia.
Agregó que Brasil es uno de los países que más respeta los derechos de los indígenas en el mundo, hasta el punto de destinarles cerca del 11 % del territorio del país, pero advirtió que la preservación de la integridad indígena no puede condenar al subdesarrollo a las 20 millones de personas que también viven en la Amazonia.
"Necesitamos darle oportunidades económicas a esas personas porque, si no, las empujaremos a la ilegalidad. Es un asunto de supervivencia", dijo.
El secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, había dicho poco antes, igualmente en declaraciones a periodistas, que Brasil no suspenderá las obras de la hidroeléctrica.
Belo Monte, que será a partir de 2015 la tercera mayor hidroeléctrica del mundo después de la china de Tres Gargantas y la paraguayo-brasileña de Itaipú, está siendo construida sobre el río Xingú, afluente del Amazonas, por un consorcio público-privado de empresas brasileñas, a un costo de unos 10.600 millones de dólares.
Su inmenso muro de cemento inundará 506 kilómetros cuadrados de selva, lo que tendrá repercusiones en el ecosistema amazónico y obligará a desalojar a unos 50.000 campesinos e indios, según los datos del proyecto.
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