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11 de marzo de 2011 • 17:35
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA dio al gobierno de Brasil 10 días de plazo para que informe sobre la legalidad de la concesión de la licencia para la construcción de una planta hidroeléctrica en la Amazonia que generó protestas de indígenas y de organizaciones ambientalistas.
La solicitud fue remitida al gobierno brasileño por el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, quien también pidió detalles de la marcha de un proceso del Ministerio Público que pide la anulación de ese permiso, según reportó la agencia noticiosa estatal Brasil.
Asimismo, la CIDH pidió que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff revele las normas que orientaron la concesión de la licencia y el proceso de consulta previa.
El organismo de la OEA hizo lugar así al pedido que recibió de parte de entidades indígenas y ambientalistas que se oponen a la construcción de la usina Belo Monte, de 11.233 megavatios de potencia, que sería la segunda más grande de Brasil, superada solamente por la represa brasileño-paraguaya Itaipú, indicó la agencia alemana DPA.
Belo Monte es el proyecto más polémico del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) lanzado por el expresidente Luiz Lula da Silva, quien en agosto del año pasado firmó el contrato que autoriza el inicio de la obra por parte del consorcio que ganó la licitación abierta por el gobierno.
La planta, cuyo costo fue estimado por el gobierno en unos 11.000 millones de dólares, será construida sobre el río Xingú cerca de la ciudad de Altamira, en el amazónico estado Pará, y su entrada en operación está prevista para 2015.
Según los ambientalistas, la obra representará un desastre para la región aledaña a Altamira. Belo Monte hará secar 100 kilómetros del Xingú, un río que tiene tres veces más especies de peces que toda Europa y que alimenta a miles de personas; en esa área hay dos tribus indígenas que se alimentan del río, beben del río, se bañan en el río y navegan por el río, sostuvo Raúl Silva Telles, del Instituto Socioambiental (ISA).
El gobierno brasileño, sin embargo, aseguró que el proyecto original fue modificado y que su impacto sobre las poblaciones indígenas y ribereñas de la región será mucho menor que lo que temen los ambientalistas, y aseguró que la obra generará más de 20.000 empleos y que la central producirá energía suficiente para abastecer a la región, donde viven 25 millones de personas.
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