Tomado de:
http://www.analitica.com/va/economia/opinion/8394413.asp
Prensa CVG
Martes, 8 de febrero de 2011
Así lo declara el Dirigente Minero William Saud desde su sitio de reclusión, el cual es una de las victimas conjuntamente con Carlos Chancellor de La Transnacional Crystallex.
Ha transcurrido algo mas de cinco años que la Troncal 10 fue testigo mudo de La Rebelión de un Pueblo, que como único medio de hacer sentir sus penurias recurrió al derecho de la protesta consagrado en la Constitución de La Republica Bolivariana de Venezuela. Ese día 5 del mes de Septiembre del año 2.005 La población minera de Las Claritas del Municipio Sifontes del Estado Bolívar, salió a las calles de manera espontanea a protestar en contra de una empresa Transnacional del oro conocida como Crystallex Internacional Corp. La razón? el constante atropello hacia la humilde población de pequeños mineros residentes del lugar, al no permitirles el acceso a sus habituales sitios de trabajo diario.
Pero era esa la única razón de la protesta? Definitivamente No, Dirigentes y líderes políticos tales como, William Saud y Carlos Chancellor ya desde hacia mucho tiempo atrás habían venido denunciando ante los Organismos del Estado el incumplimiento del Contrato suscrito entre La Corporación Venezolana de Guayana y La Transnacional Crystallex Internacional Corp. Lo cual iba en detrimento de Las Comunidades aledañas al proyecto y al Estado mismo.
Las consecuencias de esta protesta ya son conocidas por la opinión publica ante el exagerado uso de la fuerza a la que tuvo que recurrir El Gobierno en contra de un desarmado pueblo que tan solo hacia uso de sus derechos a la protesta de una manera cívica y pacifica, pero, no fueron hasta allí las consecuencias, La empresa Crystallex ejerció todo su poder político y económico instruyendo un voluminoso, fantasioso y aberrante expediente Jurídico por ante los Tribunales de Justicia en contra de varios Dirigentes Sociales, entre los cuales puedo nombrar a: Hernán Ledezma, Hernán Mendoza, Pedro Pérez Pinto, Carmen Devia, Norma Márquez, William Saud y Carlos Chancellor, entre otros.
El proceso Jurídico tuvo una duración de cinco largos años, con un resultado final en la que se sentencia a 7 años de prisión a los mas destacados Dirigentes sociales y políticos del Municipio Sifontes, como lo son El Alcalde Electo Carlos Chancellor y el Líder Minero William Saud, casualmente los únicos que de manera oportuna habían elevado en varias oportunidades ante los Organismos del Estado las denuncias del incumplimiento del Contrato suscrito con La Corporación Venezolana de Guayana y La empresa Crystallex por la Concesión Minera Las Cristinas 4, 5, 6, 7. Es esto Coincidencia?
El día tres de Febrero del presente año y transcurridos mas de cinco años de la ya mencionada protesta del Pueblo Minero La Corporación Venezolana de Guayana decide rescindir el Contrato de Operaciones de manera unilateral a La Empresa Crystallex, por incumplimiento del mismo, cabe preguntar, porque no se hizo esta intervención cuando Chancellor y Saud lo denunciaron de manera oportuna? Porque esperar que transcurrieran más de seis años los cuales irían en detrimento de los intereses del Estado? Porque se permitió una sentencia injusta en contra de estos dirigentes sociales? O es que más prevalecieron los intereses políticos que los del Estado mismo?
Hoy Crystallex amenaza con sumarse a la larga lista de Empresas que pretenden obtener beneficios económicos a través de demandas ante los Tribunales Internacionales, recurriendo a la figura jurídica del arbitraje. Pero ante esta situación no solamente esta presente una gran perdida económica, retraso y progreso en los programas de desarrollo en el sector minero, sino que el Estado también ha adquirido una deuda moral con su Pueblo, porque bajo que figura podrán justificar el injusto y prolongado encierro en prisión de Carlos Chancellor y William Saud, será que existen argumentos serios con los que el Gobierno pueda explicar y convencer a los pobladores del Municipio Sifontes porque el Alcalde que legítimamente el Pueblo eligió por voluntad popular fue despojado de su envestidura de manera inconstitucional. Son muchas las respuestas que el Gobierno debe dar a nuestro Pueblo.
Esperamos que así como fueron tan diligentes para aplicar las Leyes de la Republica de manera tan injusta en contra de William Saud y Carlos Chancellor, sean también diligentes para castigar a los funcionarios responsables de este hecho que atenta contra el Patrimonio de todos los Venezolanos.
William Saud Álvarez
CI. N° 3.606.592
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