Tomado de:
http://www.lanacion.cl/el-veredicto-de-copenhague/noticias/2009-12-17/224444.html
Por Raúl Sohr
Si entran en vigor los mecanismos de desarrollo limpio y si se aplica la propuesta política de “tope y trueque” muchos países, como Chile, podrán obtener recursos.
Las negociaciones sobre el calentamiento global alcanzan su máxima intensidad. Las 200 naciones reunidas en Copenhague han debatido durante dos semanas. Ahora, cuando concluye la cumbre, es la hora de mostrar los resultados. Ningún mandatario quiere pasar a la historia como uno de los que impidieron un acuerdo para asegurar un planeta habitable.
Los dos grandes temas por los cuales juzgar el éxito o el fracaso de la reunión son el nivel de disminución de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), a las cuales se compromete cada país. Y cabe tener en cuenta que bajar las emisiones es caro. Aunque, claro, es mucho menos oneroso a la larga que seguir emitiendo como si no hubiese un mañana.
El segundo punto es, precisamente, cómo se financiarán las reducciones. Éste es un tema muy espinoso, porque surgen muchas incógnitas, como quién estará a cargo de fiscalizar los fondos recogidos; cómo serán sancionados los que no cumplan con las metas; y cómo serán distribuidos los fondos a los países más afectados por el aumento de las temperaturas. Sólo al cierre del encuentro se sabrá cuál es la fórmula definitiva, si es que habrá alguna.
Pero hay países que no han esperado el final de las deliberaciones para actuar. Es el caso de Noruega, un “pecador”, puesto que es un gran productor de gas y petróleo cuya quema produce CO2, que ha buscado sentar un modelo de cooperación. El depositario de su ayuda es una nación del hemisferio: Guyana. Oslo se ha comprometido a donar 250 millones de dólares al gobierno guyanés en un período de cinco años. Mucho de este capital será transferido a través de ayuda técnica y económica. El pequeño país situado entre Venezuela y Brasil, por su parte, asume el compromiso de mantener intacta su enorme selva virgen, que supera en superficie a Inglaterra, la antigua potencia colonial de la cual se independizó en 1966. Al firmar el acuerdo, ambos países expresaron que desean “dar al mundo un ejemplo concreto de cómo pueden asociarse naciones desarrolladas y en vías de desarrollo para salvar las selvas tropicales”.
Es en la preservación de los bosques, humedales y otros parajes clave en la absorción del CO2, donde los países han alcanzado mayor progreso hasta ahora. El Informe Stern, preparado por el gobierno británico y que hoy es considerado como uno de los principales aportes en la materia, señala que frenar y reducir la deforestación es un medio rentable para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Las emisiones resultantes del raleo forestal son altas. Se calcula que representan cerca de 20% de las emisiones globales, porcentaje superior al producido por el sector mundial del transporte. La investigación indica que el coste de oportunidad de la protección forestal, en ocho países responsables de 70% de las emisiones, podría ascender a unos 5 mil millones de dólares anuales.
El acuerdo, que es estudiado por los ministros de los estados presentes en Copenhague, establece las líneas gruesas para los programas de compensación. Existen puntos que requieren atención especial, como lo son los derechos de los pueblos indígenas que habitan en algunas de las regiones selváticas. Baste recordar los recientes enfrentamientos en Bagua, Perú, que dejaron 34 muertos por impedir la explotación petrolera en sus tierras y también en Ecuador por la misma razón.
Para Chile, en todo caso, el acuerdo reviste un enorme interés, porque dispone de vastos bosques sin explotar. Si entran en vigor los mecanismos de desarrollo limpio y si se aplica la propuesta política de “tope (a las emisiones) y trueque (bosques por CO2)” muchos países, incluido Chile, podrán obtener importantes recursos. Y, muy importante, mantener intacta su riqueza de bosques nativos. Es deseable que los recursos resultantes de estos programas contribuyan, ante todo, a la protección medioambiental antes que al enriquecimiento de unos pocos.
http://www.lanacion.cl/el-veredicto-de-copenhague/noticias/2009-12-17/224444.html
Por Raúl Sohr
Si entran en vigor los mecanismos de desarrollo limpio y si se aplica la propuesta política de “tope y trueque” muchos países, como Chile, podrán obtener recursos.
Las negociaciones sobre el calentamiento global alcanzan su máxima intensidad. Las 200 naciones reunidas en Copenhague han debatido durante dos semanas. Ahora, cuando concluye la cumbre, es la hora de mostrar los resultados. Ningún mandatario quiere pasar a la historia como uno de los que impidieron un acuerdo para asegurar un planeta habitable.
Los dos grandes temas por los cuales juzgar el éxito o el fracaso de la reunión son el nivel de disminución de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), a las cuales se compromete cada país. Y cabe tener en cuenta que bajar las emisiones es caro. Aunque, claro, es mucho menos oneroso a la larga que seguir emitiendo como si no hubiese un mañana.
El segundo punto es, precisamente, cómo se financiarán las reducciones. Éste es un tema muy espinoso, porque surgen muchas incógnitas, como quién estará a cargo de fiscalizar los fondos recogidos; cómo serán sancionados los que no cumplan con las metas; y cómo serán distribuidos los fondos a los países más afectados por el aumento de las temperaturas. Sólo al cierre del encuentro se sabrá cuál es la fórmula definitiva, si es que habrá alguna.
Pero hay países que no han esperado el final de las deliberaciones para actuar. Es el caso de Noruega, un “pecador”, puesto que es un gran productor de gas y petróleo cuya quema produce CO2, que ha buscado sentar un modelo de cooperación. El depositario de su ayuda es una nación del hemisferio: Guyana. Oslo se ha comprometido a donar 250 millones de dólares al gobierno guyanés en un período de cinco años. Mucho de este capital será transferido a través de ayuda técnica y económica. El pequeño país situado entre Venezuela y Brasil, por su parte, asume el compromiso de mantener intacta su enorme selva virgen, que supera en superficie a Inglaterra, la antigua potencia colonial de la cual se independizó en 1966. Al firmar el acuerdo, ambos países expresaron que desean “dar al mundo un ejemplo concreto de cómo pueden asociarse naciones desarrolladas y en vías de desarrollo para salvar las selvas tropicales”.
Es en la preservación de los bosques, humedales y otros parajes clave en la absorción del CO2, donde los países han alcanzado mayor progreso hasta ahora. El Informe Stern, preparado por el gobierno británico y que hoy es considerado como uno de los principales aportes en la materia, señala que frenar y reducir la deforestación es un medio rentable para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Las emisiones resultantes del raleo forestal son altas. Se calcula que representan cerca de 20% de las emisiones globales, porcentaje superior al producido por el sector mundial del transporte. La investigación indica que el coste de oportunidad de la protección forestal, en ocho países responsables de 70% de las emisiones, podría ascender a unos 5 mil millones de dólares anuales.
El acuerdo, que es estudiado por los ministros de los estados presentes en Copenhague, establece las líneas gruesas para los programas de compensación. Existen puntos que requieren atención especial, como lo son los derechos de los pueblos indígenas que habitan en algunas de las regiones selváticas. Baste recordar los recientes enfrentamientos en Bagua, Perú, que dejaron 34 muertos por impedir la explotación petrolera en sus tierras y también en Ecuador por la misma razón.
Para Chile, en todo caso, el acuerdo reviste un enorme interés, porque dispone de vastos bosques sin explotar. Si entran en vigor los mecanismos de desarrollo limpio y si se aplica la propuesta política de “tope (a las emisiones) y trueque (bosques por CO2)” muchos países, incluido Chile, podrán obtener importantes recursos. Y, muy importante, mantener intacta su riqueza de bosques nativos. Es deseable que los recursos resultantes de estos programas contribuyan, ante todo, a la protección medioambiental antes que al enriquecimiento de unos pocos.
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