Tomado de univision.com del 27 de Agosto de 2008.
BRASILIA (AP) - Una abogada indígena defendió el miércoles ante la justicia el derecho de su población de ocupar un extenso territorio fronterizo en disputa con agricultores, y negó que su presencia amenace la soberanía del país, cuando el máximo tribunal de Brasil inició la votación sobre la demarcación de la tierra.
La abogada Joenia Batista de Carvalho, de rostro pintado, se dirigió a los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) para defender la manutención del territorio Raposa Serra do Sol, en la frontera con Venezuela y Guyana, como enteramente indígena. Fue la primera mujer aborigen en argumentar ante el tribunal brasileño.
"Esperamos que este día ponga punto final a la violencia que los pueblos indígenas vienen sufriendo en la disputa por nuestras tierras", declaró la jurista, quien recordó que 21 de sus dirigentes han sido asesinados, muchos otros han sido amenazados y sus casas han sido quemadas.
Horas después, el relator del caso, Carlos Ayres Britto, emitió su voto en favor de la demarcación contínua del territorio como área indígena y la salida de los arroceros.
"Según mi voto, toda esa tierra es indígena", dijo el magistrado a periodistas. "Solo la demarcación contínua atiende los parámetros constitucionales de derechos de reproducción física y cultural de los indios, la preservación de sus usos y costumbres".
Tras su voto, el juez Carlos Direito pidió un plazo para analizar el pronunciamiento. El presidente del STF, Gilmar Mendes, dijo que esperaba retomar la votación de los restantes 10 magistrados los próximos meses.
La decisión del tribunal ha sido señalada por los propios jueces como decisiva para el futuro de más de 140 territorios indígenas que han sido impugnados en la justicia. El fallo del STF podría conocerse la noche del miércoles o jueves.
El STF deberá decidir sobre la constitucionalidad de la demarcación del territorio en el estado norteño de Roraima como área indígena, mientras seis grandes arroceros disputan su derecho de permanecer dentro del área.
El gobierno demarcó en el 2005 el territorio de casi 1,7 millones de hectáreas, después de 30 años de estudios, para albergar a 18.000 indígenas de las etnias macuxi, ingariko, taurepang, patamona y wapixana, y ordenó la salida de grandes productores de arroz establecidos en la zona.
No obstante, abogados del estado de Roraima y de legisladores de la zona argumentaron en favor de la permanencia de los arroceros en Raposa Serra do Sol, diciendo que la demarcación se fundamenta en un laudo antropológico lleno de deficiencias.
"El laudo no incluyó ningún trabajo de campo", aseguró el abogado Luiz Valdemar Albert, representante de los arroceros. "En las áreas donde están los hacendados no hay registro de posesión indígena de tierra, eso es una fabricación del laudo".
Su tesis fue sustentada por el jurista Antonio de Morais, representante de senadores de Roraima, quien argumentó que el laudo elaborado por la Fundación Nacional del Indio (Funai) no resuelve los cuestionamientos por amenazas a la seguridad nacional al otorgar tierras indígenas en la frontera, ni el impacto económico por la salida de los arroceros.
Al respecto, el abogado del estado brasileño, José Antonio Toffoli, recordó que la constitución del país establece que los territorios indígenas son propiedad del estado, por lo cual "es más fácil de defender que si fuera de particulares".
Aseguró además que los indígenas son los principales productores de ganado en el remoto estado norteño, por lo que la salida de los arroceros no tendrá un impacto económico.
El procurador general de la república, Antonio Fernando Barros, acusó de "mala fe" a los arroceros que operan en el territorio indígena.
"Los ocupantes que están en el territorio han actuado de mala fe, ellos entraron después de la demarcación y son responsables de graves daños ambientales", aseguró Barros.
El jurista insistió en que con el fallo está en juego el espíritu de los autores de la constitución de 1988, que otorgó el derecho a las comunidades indígenas de administrar sus territorios.
Nota del Editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159।500 Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
Nota del Editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500 Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
BRASILIA (AP) - Una abogada indígena defendió el miércoles ante la justicia el derecho de su población de ocupar un extenso territorio fronterizo en disputa con agricultores, y negó que su presencia amenace la soberanía del país, cuando el máximo tribunal de Brasil inició la votación sobre la demarcación de la tierra.
La abogada Joenia Batista de Carvalho, de rostro pintado, se dirigió a los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) para defender la manutención del territorio Raposa Serra do Sol, en la frontera con Venezuela y Guyana, como enteramente indígena. Fue la primera mujer aborigen en argumentar ante el tribunal brasileño.
"Esperamos que este día ponga punto final a la violencia que los pueblos indígenas vienen sufriendo en la disputa por nuestras tierras", declaró la jurista, quien recordó que 21 de sus dirigentes han sido asesinados, muchos otros han sido amenazados y sus casas han sido quemadas.
Horas después, el relator del caso, Carlos Ayres Britto, emitió su voto en favor de la demarcación contínua del territorio como área indígena y la salida de los arroceros.
"Según mi voto, toda esa tierra es indígena", dijo el magistrado a periodistas. "Solo la demarcación contínua atiende los parámetros constitucionales de derechos de reproducción física y cultural de los indios, la preservación de sus usos y costumbres".
Tras su voto, el juez Carlos Direito pidió un plazo para analizar el pronunciamiento. El presidente del STF, Gilmar Mendes, dijo que esperaba retomar la votación de los restantes 10 magistrados los próximos meses.
La decisión del tribunal ha sido señalada por los propios jueces como decisiva para el futuro de más de 140 territorios indígenas que han sido impugnados en la justicia. El fallo del STF podría conocerse la noche del miércoles o jueves.
El STF deberá decidir sobre la constitucionalidad de la demarcación del territorio en el estado norteño de Roraima como área indígena, mientras seis grandes arroceros disputan su derecho de permanecer dentro del área.
El gobierno demarcó en el 2005 el territorio de casi 1,7 millones de hectáreas, después de 30 años de estudios, para albergar a 18.000 indígenas de las etnias macuxi, ingariko, taurepang, patamona y wapixana, y ordenó la salida de grandes productores de arroz establecidos en la zona.
No obstante, abogados del estado de Roraima y de legisladores de la zona argumentaron en favor de la permanencia de los arroceros en Raposa Serra do Sol, diciendo que la demarcación se fundamenta en un laudo antropológico lleno de deficiencias.
"El laudo no incluyó ningún trabajo de campo", aseguró el abogado Luiz Valdemar Albert, representante de los arroceros. "En las áreas donde están los hacendados no hay registro de posesión indígena de tierra, eso es una fabricación del laudo".
Su tesis fue sustentada por el jurista Antonio de Morais, representante de senadores de Roraima, quien argumentó que el laudo elaborado por la Fundación Nacional del Indio (Funai) no resuelve los cuestionamientos por amenazas a la seguridad nacional al otorgar tierras indígenas en la frontera, ni el impacto económico por la salida de los arroceros.
Al respecto, el abogado del estado brasileño, José Antonio Toffoli, recordó que la constitución del país establece que los territorios indígenas son propiedad del estado, por lo cual "es más fácil de defender que si fuera de particulares".
Aseguró además que los indígenas son los principales productores de ganado en el remoto estado norteño, por lo que la salida de los arroceros no tendrá un impacto económico.
El procurador general de la república, Antonio Fernando Barros, acusó de "mala fe" a los arroceros que operan en el territorio indígena.
"Los ocupantes que están en el territorio han actuado de mala fe, ellos entraron después de la demarcación y son responsables de graves daños ambientales", aseguró Barros.
El jurista insistió en que con el fallo está en juego el espíritu de los autores de la constitución de 1988, que otorgó el derecho a las comunidades indígenas de administrar sus territorios.
Nota del Editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159।500 Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
Nota del Editor del blog: Al referenciarse a la República Cooperativa de Guyana se deben de tener en cuenta los 159.500 Km2, de territorios ubicados al oeste del río Esequibo conocidos con el nombre de Guayana Esequiba o Zona en Reclamación sujetos al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
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